La ley 30 de 1992, al desarrollar los deberes y derechos consagrados en la Constitución precisó como principio orientador de la acción del Estado, el fomento de la calidad del servicio educativo; definió la autonomía de las instituciones según su naturaleza y los campos de acción de que se ocupan; así mismo, reafirmo que el Estado la fomente, la inspeccione y la vigile, con el fin de garantizar a la sociedad que dicho servicio se presta en la cantidad y calidad necesaria. Esta nueva ley creó el “Sistema Nacional de Acreditación” para asegurar que las Instituciones de Educación Superior que voluntariamente hacen parte de él cumplan los más altos requisitos de calidad.

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